La justificación de la democracia competitiva podría realizarse siguiendo diferentes criterios, por ejemplo, su capacidad para proteger los derechos individuales de los ciudadanos o su estabilidad a lo largo del tiempo. El proceso político no es valorado intrínsecamente, sino por su capacidad para identificar y satisfacer, sí satisfacer, las preferencias de los ciudadanos, considerados como iguales políticos.
Ahora bien, dada la delegación política y la disposición autointeresada de los miembros de la clase política, ¿cómo es posible que éstos no se desentiendan de las preferencias de sus ciudadanos? ¿Cómo es posible que la utilidad denominada pública sea satisfecha? Ello no ocurre ni por el interés público de los gobernantes ni por la estrecha participación de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones, sino como un subproducto del interés particular de unos y otros en combinación con el mecanismo de la mano invisible: la existencia de elecciones periódicas y formalmente abiertas a la participación de diferentes candidaturas.

Así, por una parte, los políticos profesionales sólo desean alcanzar el poder y mantenerse en él, pero la existencia de elecciones regulares y competitivas les obliga a incorporar el mayor número de preferencias ciudadanas en sus programas electorales y a satisfacerlas en caso de alcanzar el poder. Por otra parte, los ciudadanos sólo desean extraer el máximo beneficio para sus intereses, lo cual les conduce a emplear su voto para elegir aquellos programas que más se ajustan a sus intereses y para castigar a aquellos políticos que, habiendo alcanzado el poder no han atendido sus preferencias. Como apuntaba anteriormente, la existencia de elecciones regulares y competitivas en combinación el sufragio universal, la igualdad política y la regla de las mayorías hace que las preferencias de los ciudadanos sean atendidas y traducidas en políticas públicas dirigidas a su satisfacción.

Hasta aquí, el modelo competitivo se justifica por su capacidad para identificar y satisfacer las preferencias políticas de los ciudadanos. La promesa de la democracia competitiva se sustenta en la posibilidad de tomar las preferencias como dadas y en su capacidad para satisfacerlas “eficientemente”. Pero, detengámonos un momento. ¿Es posible que las preferencias de los ciudadanos no sean modificadas endogéneamente por el propio proceso político? La teoría económica presupone que las preferencias de los consumidores son exógenas. En política, sin embargo, tal presuposición es irreal y contraria a la experiencia.
Cuando un ciudadanos entra en lo que se puede llamar mercado político, sus preferencias todavía no están formadas; se desarrollan mediante el seguimiento de debates públicos. En política, la demanda no es exógena; en general, las preferencias no existen antes de las acciones de los políticos.

Supongamos, ahora, que lo que cambian en estos casos no sean las preferencias auténticas de los ciudadanos sino sus preferencias inducidas por creencias. Es decir, sus creencias políticas. Dichas creencias son, al menos, de tres tipos:

En primer lugar , tendríamos las creencias causales sobre qué medios son los mejores para satisfacer esas preferencias auténticas. De este modo, podemos creer que cierto partido A, con una credibilidad q, implementará una política w que conducirá, con una probabilidad e, a satisfacer nuestra preferencia r con un coste t.

En segundo lugar, tendríamos creencias sociológicas, esto es, creencias de segundo orden sobre las creencias de terceros. Por ejemplo, si creemos que el partido B no tiene posibilidades de alcanzar la mayoría suficiente para implementar la política y decidamos no votarle en beneficio de un segundo partido que, ajustándose menos a nuestras expectativas causales óptimas consideremos que tiene mayores posibilidades electorales. O que, prefiriendo al partido B, votemos a un partido más de izquierda considerando que, dado que mucha gente ya les votará, es preferible obligar a B a formar coalición de izquierda que le obligue a introducir la política i que consideramos relevante a nuestros intereses.

Y, en tercer lugar, tendríamos las creencias identitarias, es decir, creencias que los ciudadanos tienen sobre sus propias circunstancias y necesidades. Por ejemplo, mi pareja y yo podemos decidir votar a X porque planeamos tener un hijo y creemos que ese partido, tal como menciona en su programa electoral, ofrecerá jugosas ventajas fiscales. Puede ocurrir, sin embargo, que yo sea estéril pero que no lo sepa a la hora de votar. O que decida ser padre soltero y no estén incluidas las ventajas fiscales para padres por gestación por sustitución (utópico, sí). En este caso, una creencia identitaria falsa me ha conducido a favorecer una política que no repercute en favor de mis propios intereses.

Tenemos, recapitulando, tres tipos de creencias. Ahora bien, ¿cómo afecta el proceso político a la adquisición y modificación de estas creencias? ¿Pueden resultar modificadas? ¿Pueden ser manipuladas? Dados los supuestos motivaciones del modelo instaurado, debemos inferir que todo mensaje emitido en la esfera pública será emitido con la intención exclusiva de modificar las creencias a favor del emisor. Porque, como dijo una vez Chomsky, “la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros”.

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